El municipio ya clausuró 30 chatarrerías en lo que va del año y denunció penalmente a 22
Las intervenciones se hicieron en el marco del trabajo que se viene realizado para detectar, entre otras cosas, la procedencia del material acopiado en este tipo negocios
La Municipalidad de Rosario ya clausuró 30 chatarrerías en lo que va del año e hizo denuncias penales contra 22 de ellas en el marco de los controles que se vienen realizando para detectar, entre otras cosas, la procedencia del material acopiado en este tipo negocios.
“Tal como hicimos el año pasado, este 2025 continuamos controlando de cerca a estos comercios y trabajando en conjunto con la Policía. Desde que comenzamos con los operativos en chatarrerías ya tuvimos, por ejemplo, una baja del 50 por ciento en el robo de medidores de agua y se han recuperado muchos materiales del alumbrado público. A partir de estas intervenciones comenzamos a cortar de a poco con el vandalismo que sufre el vecino día a día. Como nos pide el intendente Pablo Javkin, vamos a seguir en este camino”, destacó el secretario de Control municipal, Diego Herrera.
Las 30 intervenciones con clausuras se dieron desde el inicio de este 2025. Por su parte, hubo 22 denuncias penales que también concretó la Secretaría de Control luego de que esos locales violaran al menos una clausura previa. La presentación judicial se realiza luego que los agentes comprueban, en el marco de una nueva inspección, que el negocio se encuentra funcionando y, además, retiró la faja que se había colocado. Es decir, se actúa de esta forma tras detectar una desobediencia grave a la autoridad estatal.
En tanto, los operativos de chatarrerías se originan de dos formas. Por un lado, a partir de denuncias de particulares o vecinos ante posibles irregularidad o ilegalidades. Mientras que, en paralelo, se realizan controles de rutina, que en general se programan por Distrito. Participan la Direcciones Generales de Inspección de Comercio, Industria y Servicio; Control Urbano y la Policía santafesina. El municipio fiscaliza las condiciones de seguridad e higiene, mientras que la fuerza de seguridad provincial es quien controla la procedencia del material acopiado.
Vale recordar que el año pasado se secuestraron más de 20 toneladas de materiales de dudosa procedencia. Y se produjo la detención, siempre junto al gobierno de la provincia de Santa Fe, de 31 personas responsables de distintos establecimientos. Asimismo, se presentaron 25 denuncias penales en la Justicia.
“Una de las cosas más destacables de este año y medio no solo es el hecho de realizar varias intervenciones, sino también grandes decomisos con muchísimo material hallado. Hubo operativos realmente muy importantes. Con este tipo de acciones conjuntas con el gobierno provincial le pegamos al segundo eslabón, que son quienes le compran a los que roban para luego vender. Y los buenos resultados ya están a la vista. Todo esto además de fiscalizar las condiciones de seguridad e higiene de cada lugar, detectando muchos inmuebles con instalaciones edilicias y eléctricas muy precarias”, explicó Herrera.
El trabajo conjunto con el gobierno santafesino comenzó a acentuarse a partir de febrero del año pasado, cuando los estados municipal y provincial firmaron un convenio marco de colaboración para desarrollar tareas de manera mancomunada y coordinada a fin de posibilitar la prevención de la actividad delictiva vinculada con la sustracción de cobre y materiales ferrosos, además de automotores.